Después de semanas de efectuar entrevistas a puerta cerrada, se espera que la Cámara Baja vote el jueves sobre este documento, el cual establece procedimientos para la realización de audiencias abiertas y la divulgación de testimonios de testigos.
La resolución, introducida por el presidente del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, James McGovern, también permite a la minoría republicana solicitar las declaraciones de testigos y documentos.
El texto de ocho páginas exige establece el formato general de las audiencias públicas, y específicamente permite que los asesores del personal interroguen a los testigos por períodos de hasta 45 minutos por cada partido.
Asimismo, permite que el presidente o su abogado participen en los procedimientos llevados a cabo por el Comité Judicial de la Cámara Baja, que tiene la autoridad de presentar artículos de acusación contra el jefe de Estado.
La investigación de juicio político reunió pruebas y testimonios extensos, y pronto el pueblo estadounidense escuchará a los testigos en un entorno abierto. La resolución presentada hoy proporcionará ese camino hacia adelante, indicaron los líderes de los comités que encabezan el proceso.
Se espera que la medida reciba la luz verde en el órgano controlado por los demócratas, cuando solo seis miembros de la fuerza azul no respaldaron formalmente la pesquisa que se centra en los llamados de Trump a Ucrania para que investigue al exvicemandatario y candidato presidencial Joe Biden.
La acción prevista para el jueves será la primera votación formal en el proceso de juicio político desde que a finales de septiembre pasado la presidenta de ese órgano legislativo, la demócrata Nancy Pelosi, anunció el inicio de la indagación.
Estamos tomando este camino para eliminar cualquier duda sobre si la administración Trump puede retener documentos, evitar el testimonio de testigos, ignorar citaciones debidamente autorizadas o continuar obstruyendo a la Cámara de Representantes, señaló Pelosi en un comunicado difundido ayer sobre el tema.
La pesquisa que impulsa la fuerza azul podría llevar a acusar formalmente al gobernante y a la realización de un juicio político en el Senado en busca de su destitución, aunque como los republicanos son mayoría en ese órgano, tal desenlace parece poco probable.
