Juan Fernández, Pregón Digital Sosúa.-
Existe una gran cantidad de Fundaciones e Instituciones sin fines de lucro en el país, dedicadas a diversas actividades, muchas de las cuales contribuyen grandemente a la solución de ciertas dificultades sociales.
Sin embargo, algunas llamadas “fundaciones” se lucran comercializando con las donaciones que reciben y de las facilidades que les brinda el Estado. Dicha práctica constituye franca violación a la ley 122 – 05, que regula el ejercicio en cuestión.
En su artículo 9 la referida ley, establece qué: “Ninguna persona miembro de las juntas o concejos de dirección pueden recibir remuneración económica por esa calidad”.
A éste medio ha llegado la denuncia que da cuenta que algunas fundaciones sin fines de lucro que se dedican al control de la población canina en el país, cobra a los dueños de los animales por los servicios prestados.
No hay razón para que un organismo que solicita ayudas y las recibe tanto del gobierno como de la caridad pública, nacional e internacional, venda los aportes que recibe o cobre por los mismos.
Ese modus operandi va en detrimento de las reales fundaciones que se dedican a esterilizar, castrar, vacunar y cuidar a los perros y gatos de manera gratuita, como forma de controlar la sobrepoblación que tiene el país.
