viernes 06 de noviembre, 2026.
Por José Ignacio De Los Santos, para Pregón Digital.
Hay momentos en la historia de los pueblos en que sus gobernantes tienen que demostrar de qué están hechos. No basta con ocupar la silla presidencial, pronunciar discursos en escenarios internacionales o participar en interminables reuniones diplomáticas. Gobernar significa asumir responsabilidades, defender a los ciudadanos y tener la determinación necesaria para enfrentar los problemas, aunque las decisiones impliquen riesgos políticos y cuestionamientos de los poderes nacionales e internacionales.
El presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, ha demostrado que tiene una manera particular de entender el ejercicio del poder. Su actitud frente a la tragedia que vive Haití y, particularmente, ante las amenazas sufridas por ciudadanos salvadoreños que participan en operaciones de seguridad en ese territorio, constituye una demostración de que un gobernante no puede permanecer indiferente cuando sus compatriotas están en peligro.
El secuestro de cuatro técnicos salvadoreños en Haití provocó una respuesta contundente del mandatario, quien anunció operaciones para procurar su rescate y exigió que fueran devueltos sanos y salvos. Posteriormente, extendió un mensaje al pueblo haitiano, ofreciendo colaboración para recuperar sus comunidades de las manos de las organizaciones criminales.
Esa posición merece atención. Un presidente tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, independientemente del lugar donde se encuentren, y de utilizar los mecanismos legítimos a su disposición para garantizar su seguridad.
HAITÍ: UNA TRAGEDIA QUE NO PUEDE SEGUIR ESPERANDO
La situación haitiana ha llegado a niveles que deberían avergonzar a toda la comunidad internacional.
Las organizaciones criminales han extendido su dominio sobre importantes sectores del territorio, controlan corredores económicos, extorsionan comerciantes, secuestran ciudadanos y someten a comunidades enteras al terror. El resultado es una nación con instituciones debilitadas, una población desesperada y millones de personas expuestas a una crisis humanitaria de dimensiones extraordinarias.
Los datos de Naciones Unidas correspondientes a 2026 son estremecedores: durante el segundo trimestre del año se registraron al menos 1,408 personas asesinadas y 656 heridas por la violencia. A esto se suma el desplazamiento de aproximadamente 1.4 millones de haitianos y una población que enfrenta enormes dificultades para acceder a alimentos, servicios médicos y educación.
No estamos hablando de un problema exclusivamente haitiano. Estamos hablando de una amenaza para toda la región del Caribe.
Lo más preocupante es que, mientras las bandas criminales continúan sembrando el terror, los organismos internacionales siguen enfrentando el desafío de convertir sus declaraciones, resoluciones y compromisos financieros en resultados concretos.
La comunidad internacional tiene responsabilidades históricas con Haití. Sin embargo, esas responsabilidades no pueden convertirse en una excusa para la inacción ni en una permanente cadena de reuniones que no consigue devolverle la tranquilidad a su población.
El pueblo haitiano merece vivir en paz. Merece recuperar sus instituciones, sus actividades productivas y su derecho a decidir su futuro sin estar sometido a organizaciones criminales.
Y hay que establecer una diferencia fundamental: los haitianos no son las bandas. Los ciudadanos que sufren sus atropellos son, precisamente, sus principales víctimas.
BUKELE Y LA RESPONSABILIDAD DE EJERCER EL LIDERAZGO
Lo que llama la atención de Bukele es su disposición a asumir responsabilidades y enfrentar situaciones que otros gobernantes prefieren manejar exclusivamente mediante declaraciones diplomáticas.
Su experiencia en El Salvador, donde su política de seguridad consiguió reducir drásticamente la violencia de las pandillas, transformó la percepción de seguridad de amplios sectores de la población. Su modelo también ha generado cuestionamientos de organizaciones internacionales por las detenciones masivas, las garantías judiciales y las denuncias de violaciones de derechos humanos. Son aspectos que deben examinarse con seriedad.
Pero una cosa no elimina la otra: la seguridad de los ciudadanos es una obligación fundamental del Estado.
La determinación de un gobernante no debe confundirse con la ausencia de límites. La autoridad tiene que ejercerse dentro de la ley, respetando la dignidad humana y garantizando que quienes sean responsables de delitos respondan ante la justicia.
Lo verdaderamente importante es que la lucha contra el crimen organizado no se quede en discursos, sino que produzca resultados sostenibles.
Bukele ha proyectado una imagen de liderazgo que merece ser analizada por los demás gobiernos de la región: la de un presidente que procura convertir sus compromisos en acciones y que no parece dispuesto a aceptar que la debilidad institucional sea el destino inevitable de nuestros pueblos.
REPÚBLICA DOMINICANA: UNA RESPONSABILIDAD QUE NO PODEMOS DELEGAR
Aquí es donde debemos detenernos a examinar nuestra propia realidad.
La República Dominicana comparte con Haití una isla, una frontera, una historia compleja y una relación económica y social que no podemos desconocer.
Lo que sucede en el territorio haitiano tiene consecuencias directas sobre nuestra seguridad nacional, el comercio, la migración, el turismo, el empleo y la estabilidad económica.
No podemos continuar tratando la crisis haitiana como un asunto secundario de nuestra política exterior. Tampoco podemos permitir que otros países y organismos internacionales determinen por sí solos cuáles deben ser nuestras prioridades.
Nuestra diplomacia tiene que ser mucho más activa, estratégica y respetada.
No se trata de promover una intervención dominicana ni de desconocer la soberanía haitiana. Se trata de defender nuestros intereses, exigir responsabilidades a quienes financian y abastecen a las organizaciones criminales y construir mecanismos efectivos de cooperación.
La pregunta que debemos hacernos es sencilla: ¿por qué empresas y comerciantes que desarrollan actividades económicas entre ambos países tendrían que quedar sometidos a extorsiones, amenazas y pagos ilegales a organizaciones que se han apoderado de importantes espacios de la vida haitiana?
El comercio legítimo debe estar protegido. Los empresarios dominicanos y haitianos necesitan garantías para desarrollar sus actividades sin financiar involuntariamente la violencia.
La República Dominicana debe exigir que se investiguen las redes de financiamiento, el tráfico de armas, el narcotráfico y los mecanismos de lavado de activos que alimentan el poder de las bandas.
No podemos conformarnos con vigilar la frontera mientras los mecanismos que producen la violencia permanecen intactos.
LA HISTORIA DE DOS NACIONES QUE DEBEN APRENDER A CONVIVIR
Nuestra relación con Haití no comenzó ayer. Está marcada por acontecimientos históricos que deben conocerse y analizarse sin prejuicios.
Desde la independencia dominicana en 1844, las relaciones entre ambos pueblos han atravesado períodos de confrontación, desconfianza, cooperación y entendimiento comercial.
Durante el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo ocurrió uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia: la matanza de haitianos de 1937. Ese acontecimiento no puede ignorarse ni utilizarse para construir una imagen de una relación históricamente libre de conflictos.
Posteriormente, en distintos períodos, ambos Estados desarrollaron acuerdos comerciales y laborales. Durante el gobierno de Joaquín Balaguer también existieron mecanismos de contratación de trabajadores haitianos para actividades agrícolas dominicanas.
La enseñanza que debemos extraer de nuestra historia no es que la confrontación garantiza la paz. Es que dos países vecinos necesitan reglas claras, respeto a sus respectivas soberanías, control fronterizo, entendimiento diplomático y relaciones comerciales organizadas.
Trujillo y Balaguer pertenecen a períodos políticos muy diferentes y sus gobiernos deben ser juzgados dentro de sus respectivas realidades históricas. Lo que sí debemos recuperar es la importancia que tiene para cualquier gobernante defender los intereses nacionales y establecer relaciones de Estado con su vecino.
Haití necesita recuperar su institucionalidad y nosotros necesitamos una frontera segura, un comercio organizado y una relación bilateral que no esté permanentemente condicionada por las crisis.
NUESTRA DIPLOMACIA NECESITA MÁS ACCIÓN Y MENOS PROTAGONISMO
Me preocupa que, frente a una situación de tanta trascendencia para nuestro país, no siempre proyectemos en los escenarios internacionales el nivel de liderazgo y firmeza que exige nuestra condición de nación directamente afectada.
Participar en cumbres y reuniones internacionales puede ser importante, pero ninguna fotografía, discurso o declaración conjunta puede sustituir una política exterior efectiva.
Cuando tenemos una crisis de esta magnitud a pocos kilómetros de nuestro territorio, el país necesita que sus principales autoridades concentren sus esfuerzos en conseguir resultados concretos.
No cuestiono la utilidad de los encuentros multilaterales. Cuestiono que se les conceda una importancia superior a las responsabilidades inmediatas que tenemos con nuestro propio pueblo.
El presidente de la República debe contar con un equipo diplomático de primera categoría, con capacidad para negociar, exigir, proponer y construir alianzas internacionales.
La política exterior dominicana tiene que defender tres objetivos fundamentales: nuestra soberanía, nuestra seguridad y la estabilidad de las relaciones económicas y humanas entre los dos países.
Además, debemos promover que quienes financian, abastecen y protegen a las bandas criminales sean identificados y sancionados, independientemente de su nacionalidad, influencia económica o conexiones políticas.
No podemos esperar que otros resuelvan los problemas que afectan directamente nuestra existencia como nación.
DOS PUEBLOS, DOS SOBERANÍAS Y UN DESTINO QUE NO PUEDE ESTAR EN MANOS DE LAS BANDAS
La República Dominicana y Haití tienen derecho a construir sus propios destinos. Son dos pueblos diferentes, con idiomas, culturas, instituciones e historias particulares, pero obligados por la geografía a convivir en una misma isla.
El pueblo haitiano no es nuestro enemigo. Tampoco lo son los millones de ciudadanos que desean trabajar, producir y vivir tranquilamente.
Nuestros verdaderos adversarios son la criminalidad organizada, el narcotráfico, la corrupción, el tráfico de armas y todos aquellos intereses que se benefician de la destrucción de las instituciones y del sufrimiento de los pueblos.
Por eso, la actitud de Nayib Bukele frente a los acontecimientos recientes merece ser examinada con atención. Su mensaje de compromiso con los ciudadanos salvadoreños y su disposición a colaborar con Haití colocan sobre la mesa una pregunta que nuestros gobernantes también deben responder: ¿estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para proteger a nuestra gente y defender nuestros intereses?
No necesitamos copiar modelos extranjeros ni asumir responsabilidades militares que no nos corresponden. Necesitamos un liderazgo dominicano con visión de Estado, autoridad, capacidad de negociación y una diplomacia que se haga respetar.
La República Dominicana no puede ser indiferente ante la tragedia de Haití, pero tampoco puede permitir que esa tragedia comprometa su seguridad y su futuro.
Los pueblos necesitan gobernantes que comprendan que el poder no es un privilegio personal, sino una responsabilidad histórica. Y que, cuando la seguridad, la soberanía y la dignidad de sus ciudadanos están en juego, no hay espacio para la indiferencia.
Ese es el liderazgo que necesitamos en nuestra región. jis.-
